la Ley andaluza de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, que incluirá en el ámbito de la salud medidas específicas para la prevención, detección precoz, atención e intervención en los casos de violencia de género así como la atención psicológica necesaria.
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, explicó ayer las líneas generales de la futura norma, que será remitida al Parlamento para su debate, que prevé también medidas de integración sociolaboral tanto para las víctimas como para sus hijos, incluyendo ayudas para la vivienda y para el empleo.
Micaela Navarro explicó ayer la relevancia de la detección precoz del problema por parte del personal sanitario así como de la ayuda psicológica, "para hacer que [las víctimas] recuperen la autoestima y puedan estar en condiciones de presentar la denuncia".
La titular de Igualdad, que compareció ayer junto al consejero de la Presidencia tras la reunión del Consejo de Gobierno, expuso que más allá de la prevención del problema, es necesario ofrecer recursos para las mujeres que ya hayan denunciado. En este sentido, indicó que la futura normativa trata de garantizar "la seguridad, la vida y la libertad de las víctimas de malos tratos", procurando "la autonomía y la independencia" a las mujeres.
La nueva norma, que cuenta con 28,4 millones del presupuesto de 2007 para su desarrollo, nace con la vocación de erradicar un problema que registró más de 14.000 denuncias de mujeres por malos tratos en Andalucía en 2006 y más de 3.300 durante los tres primeros meses de 2007.
Así, en la comunidad se reconocerán legalmente los derechos de las mujeres víctimas y de sus hijos a recibir atención especializada, protección, seguridad, información y ayudas para la recuperación y la integración sociolaboral.
El texto legal establece la aprobación, cada cinco años, de un plan integral que desarrollará las estrategias de actuación en los ámbitos de la educación, la comunicación, la coordinación institucional, la formación y la detección de esta violencia. En el terreno educativo, el proyecto recoge medidas de revisión y adaptación de contenidos curriculares, así como intervenciones para identificar y atender las situaciones de violencia en los centros.
La atención jurídica se garantiza a través de la asistencia letrada por el turno de oficio especializado y se dispone la personación de la Junta en juicios sobre casos de muerte violenta.
En el capítulo de las iniciativas para la integración de las víctimas, la ley prevé establecer un cupo de reserva específico en las promociones de vivienda protegida para su cesión o adjudicación a mujeres que acrediten sufrir una situación de maltrato. Como novedad, esta medida incluirá viviendas en régimen de propiedad, frente al actual cupo limitado al alquiler.
Además, tendrán prioridad en el acceso a las guarderías infantiles.
El proyecto también da rango legal a las medidas en materia de empleo desarrolladas durante los últimos años. A través de esta iniciativa, la Administración autonómica concederá incentivos para facilitar el trabajo autónomo y el desarrollo de las empresas creadas por mujeres que hayan sufrido violencia.
En el caso específico de la Administración autonómica, se facilitará el derecho a la reducción o flexibilización de la jornada, así como a la movilidad geográfica y la excedencia.
La futura norma consolidará la estructura de atención urgente que funciona en la comunidad con sus tres niveles de centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados.
Esta red cuenta actualmente con 550 plazas y el pasado año atendió a un total de 2.085 personas, entre mujeres e hijos.
Señores politicos tarden poco en debatirla y que
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