A denunciar ya…

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Noja estudia presentar una querella por "uso inadecuado de dinero público" o "incluso" por "prevaricación" contra el equipo de Gobierno, del Partido Popular, al que acusa de utilizar una asociación cultural "para hacer política partidista con dinero público" y para contratar de forma "irregular" y "a dedo" personal para distintos servicios municipales.
Los socialistas decidirán en los próximos días si acuden a los juzgados ordinarios para denunciar lo que consideran una "trama ilegal", después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) haya archivado las diligencias abiertas a instancias del PSOE de Noja para estudiar la situación.
La Fiscalía del TSJC no ha apreciado indicios de delito, tal y como reconocieron hoy en rueda de prensa los concejales socialistas de Noja, Abelardo Ortiz y Carmen Duque, pero, según dicen, les ha dejado la "puerta abierta" por si quieren acudir a los "juzgados ordinarios".
Lo que denuncian los ediles del PSOE es la realización de sucesivas contrataciones de personal para atender servicios municipales como la biblioteca, la guardería municipal, la Casa de Cultura o la Agencia de Desarrollo Local a través de la Asociación Cultural Villa de Noja.
Para los socialistas, lejos de ser una asociación cultural, esta entidad es una "agencia de contratación que se dedica" a seleccionar personal "a dedo", hasta 27 personas sólo en el año 2005 (único ejercicio del que han podido obtener la información).
Desde su punto de vista, esas contrataciones deberían realizarse a través de una oferta pública de empleo porque, de lo contrario, se está conculcando el derecho de los ciudadanos a optar a esas plazas en igualdad de condiciones y se "priva" además a los grupos políticos municipales de sus derechos de control y fiscalización de las acciones del equipo de Gobierno.
Pero además alertan de la relación existente entre la asociación y el Ayuntamiento. Según Abelardo Ortiz, portavoz del Grupo Socialista, el propio alcalde preside la asociación, cuya Junta Directiva se completa con los titulares de las concejalías de Cultura y Personal, y dos trabajadores de la Agencia de Desarrollo Local, que son "militantes del Partido Popular".
Ortiz reconoció que el TSJC, al archivar las diligencias, señalaba entre otras cuestiones que la Junta Directiva ya no tiene esa composición, pero el concejal niega este extremo. Para ello, se apoya en un documento del Registro de Asociaciones del Gobierno cántabro, por el cual, según el edil socialista, se dejó en suspenso la actualización de los estatutos de la asociación a la nueva normativa, por considerar "manifiestamente ilegal" que tres de los cinco miembros de la Junta Directiva sean concejales.
Subvenciones y recaudación
Del mismo modo, el concejal socialista criticó que esta asociación ha recibido desde el año 2001, y sin presentar proyectos, más de 700.000 euros en subvenciones, que se le han concedido incumpliendo "de forma clara" las bases correspondientes. De hecho, Ortiz consideró "sospechoso" que el secretario municipal no haya puesto "ningún reparo" a pesar de conocer la "irregularidad" de las mismas.
También reprochó que se haya encargado directamente a esta asociación la recaudación directa de tasas municipales en 2003 y 2004, en concreto por la instalación de puestos y barracas en las fiestas patronales, para que pudiera hacer así frente a las nóminas, puesto que el Ayuntamiento no tenía aprobados los presupuestos y no podía transferirle las partidas.
Por todo ello, y al margen de las acciones legales que están en estudio, los socialistas piden también la disolución de la asociación y la regularización de los trabajadores que han sido contratados durante este tiempo a través de ella.
Fuente Diariocritico

Noticia recogida hace un año por Airnoja.

Que cuenten con mi apoyo, hay que denunciar y abrir de una vez por todas, la puerta, que la judicial investigue. Veremos si se niega a dar los datos a un juez, muchas veces la fiscalía necesita sentirse apoyada y que alguien de un empujón, después de esto a dejarles trabajar.

En otros sitios se hace... en estos casos no son los partidos los que cometen delitos, son las personas.

Ejemplo:
Seis detenidos en Murcia, entre ellos el ex alcalde de Los Alcázares, por corrupción urbanística

Aunque el nombre asignado a la operación policial mueve a la sonrisa -Ninette, por la obra de Miguel Mihura Ninette y un señor de Murcia-, los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales que ayer llegaron desde Madrid y se desplegaron por el municipio de Los Alcázares no venían con ganas de broma.
Llevaban sobre los hombros un año y medio largo de ardua investigación y estaban deseosos de poner patas arriba el Ayuntamiento de Los Alcázares y, con ello, de reventar de una vez la trama de corrupción que tanto trabajo les había dado.
Uno tras otro, antes de acordonar las ostentosas dependencias municipales y de proceder a su registro, los especialistas de la Policía Nacional fueron localizando y deteniendo a los supuestos líderes de la red, el triunvirato sospechoso de haber dirigido durante años el Ayuntamiento como si fuese su finca: el ex alcalde y ex diputado socialista Juan Escudero, el recientemente jubilado secretario municipal, Diego Sánchez Gómez, y el antes arquitecto jefe y ahora responsable del control de las obras municipales, Mariano Ayuso Fernández.
Junto a este último fue arrestado su hermano y presunto cómplice, Juan Ignacio Ayuso, y dos conocidos empresarios de Santiago de la Ribera, Valero Garcerán y su hijo Francisco Javier Garcerán García, beneficiarios de adjudicaciones de importantes obras públicas -entre otras, el edificio consistorial ayer registrado- y también supuestamente relacionados con la trama.

Las indagaciones policiales, dirigidas desde el Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, con la estrecha participación de la Fiscalía de Murcia, tienen su origen en dos querellas presentadas por el PP local y en las revelaciones periodísticas que durante meses realizó La Verdad sobre esta red.

Partiendo de esta base inicial, los especialistas de la Comisaría General de Policía Judicial han desarrollado una laboriosa investigación que, según fuentes próximas a la misma, habría logrado sacar a la luz el funcionamiento de la trama, los supuestos negocios ilícitos que habría cerrado y los millonarios bienes que habría acumulado en muy pocos años.

Los supuestos delitos que están siendo investigados irían así, según las mismas fuentes, desde el cohecho y la prevaricación a la malversación de bienes públicos, pasando por la falsedad documental y el blanqueo de capitales, entre otros.
En resumen, lo que se investiga es si el ex alcalde Escudero, el arquitecto municipal Mariano Ayuso y el durante años secretario Diego Sánchez planearon la constitución de varias sociedades instrumentales, a cuyo frente situaron a personas de su confianza, para ser receptoras de solares públicos y de terrenos que empresarios locales habrían entregado como forma de pago por la adjudicación de obras.

La redada policial causó ayer una gran conmoción en la localidad de Los Alcázares y decenas de vecinos se congregaron durante toda la jornada frente al Ayuntamiento, con el fin de seguir las evoluciones del registro realizado por los policías judiciales.

Los agentes, con quienes colaboró la actual alcaldesa Encarnación Gil, se interesaron por documentación escrita y digital de varios expedientes urbanísticos y requirieron los discos duros de diversos ordenadores.
Fuente laverdad.es


Texto sacado de la misma noticia en el Diario Montañés:

La titular del Juzgado número dos de San Javier, Eva María Algar, ordenó las detenciones y los registros y decretó el secreto de sumario. Aunque la investigación se inició a raíz de la 'Operación Malaya' -con ramificaciones en la Región de Murcia- al parecer, el caso está relacionado con dos denuncias presentadas en 2005 por el Partido Popular de Los Alcázares. Entonces se denunciaron supuestas irregularidades en la venta de suelo municipal a empresas como Ilka Baley, Dorma Golf y Dekema Bul.
Estas empresas tendrían como administrador único a Juan Ignacio Ayuso, marido de Inmaculada Camacho, a su vez prima segunda del entonces alcalde.


El "caso Malaya" con diferentes nombres se extiende por toda España...Da igual de que partido sean. Son personas que salieron de la nada, se apuntaron a un partido para llegar a la alcaldía (les daba igual con tal que fuera el ganador, alguno incluso se cambio de partido) y se hicieron ricos de la noche a la mañana, sirviéndose de su cargo para crear empresas a nombre de familiares, adjudicar obras....

Y sino mirar estos datos que no son todos los que hay:

EN ALBACETE:
Hellín: Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Hellín por autorizar, según ellos ilegalmente, el proyecto urbanístico de Las Higuericas, en un caso que se viene arrastrando desde 2003. El lugar elegido para construir una urbanización ha sido un lugar propuesto por la Junta como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El PP lo calificó de "pelotazo urbanístico". Ahora también hay acusaciones de queel lugar se encuentra en una Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA). La organización ecologista dice que al empresa Cleyton Ges compró el apoyo municipal con 150.000 euros, y denunció el proyecto ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ante el Defensor del Pueblo.

EN ALICANTE:
Albatera: El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A. a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.

EN ALMERÍA
Garrucha: El alcalde socialista, Andrés Segura, firmó un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se compromete a pagar al Consistorio 2,6 millones de euros para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio. El PP denuncia, además, que los 2,6 millones pactado no es la totalidad de los beneficios percibidos.
Níjar: El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90. El proyecto Marina de Agua Amarga, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE.

EN ÁVILA:
La Cañada: La Asociación de Vecinos de la Cañada han presentado una demanda contra la construcción de 59 chales en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales. La asociación responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE.

EN GRANADA:
Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.

EN HUELVA:
El Granado: Este pueblo de 600 habitantes planeaba construir unos 2.674 chales en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y y un campo de golf. Pero la Junta Andaluza vetará el proyecto.
Matalascañas: Vecinos y propietarios del municipio denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a coelaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica.

EN MADRID:
Ciempozuelos: El alcalde socialista, Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro abrió diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE), y ha ordenado prisión para ambos, eludible bajo fianza.

EN MÁLAGA:
Estepona: El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), ha tenido que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya. Barrientos ya ha tenido que rectificar en numerosas ocasiones por operaciones sospechosas.
En Albatera, un informe del Seprona considera que el alcalde pudo obrar en connivencia con un promotor.

EN SEVILLA:
Burguillos: El PP denunció al Ayuntamiento de la localidad (gobernado por el PSOE, el alcalde es José Juan López) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Un juez archivó el día 2 de noviembre el caso por considerar que no había indicios que lo probaran. Guillena: Justo Padilla está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.

EN TOLEDO
Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que construye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros, pese a la recusación del alcalde que intentó 'el Pocero'. En este pleno, los concejales del PP se abstuvieron y los del PSOE votaron a favor. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros.

EN VALENCIA:
Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. También están imputados el arquitecto municipal y otro arquitecto, socio del despacho particular del alcalde. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albufera. El permiso fue concedido a un promotor que había contratado, con ese fin, los servicios del despacho particular del alcalde.

EN VALLADOLID:
Villalba de los Alcores: Es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 km. de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.


Es muy importante que la fiscalía siga trabajando así , de esta manera hace su trabajo y nos protege a todos, el mensaje es claro, da igual si es del PSOE o del PP o del partido político que sea, NO A LA CORRUPCION.